Parece increíble pero es la dura realidad: las poblaciones linderas con la Franja de Gaza aún no están protegidas contra los cohetes y disparos de morteros que siguen llegando desde el territorio palestino. Si bien los ataques disminuyeron en forma considerable, en los últimos días, por ejemplo, cayeron nada menos que diez cohetes Kassam que, afortunadamente no produjeron víctimas.
El tema pasó por todas las instancias posibles e incluso el Gobierno, después que intervino la Justicia, aprobó una resolución que admite la necesidad de proteger a la población por medio de recintos de hormigón en una zona de hasta 4.5 kilómetros de ancho. La franja que va desde allí hasta siete kilómetros de la frontera contaría con la protección del sistema anti misiles “cúpula de hierro”. El sistema si bien fue probado con éxito aún no esta emplazado en la región.
El lunes último, representantes de las poblaciones que están sometidas a los bombardeos, presentaron una nueva petición a la Suprema Corte de Justicia para que obligue al Gobierno a protegerlos o, si se quiere, a que ponga en práctica sus propias resoluciones sobre el asunto.
Como las noticias sobre los ataques desde la Franja de Gaza desaparecieron de los titulares de los medios de prensa, hay quienes pueden pensar que se interrumpieron por completo pero si uno “afina” el oído o revisa los títulos de las páginas interiores de los periódicos, comprueba que ello no es así. Y el poder destructivo de un proyectil aislado es igual al de cien, si para desgracia de algunos, cae en un sitio donde hay personas reunidas.
Es lamentable y doloroso que no haya otra forma de conseguir algo que no sea recurriendo a la Suprema Corte. Si el propio Gobierno no respeta sus propias determinaciones, preguntamos, de qué sirve vivir en una democracia.
Quienes vivimos en el centro del país, alejados del alcance de estos misiles, solamente recordamos a quienes sufrieron por una década las caídas de hasta decenas de cohetes por día solamente cuando ocurre alguna desgracia. El Gobierno, en cambio, tiene la responsabilidad de emplear el dinero que aportamos por medio de los impuestos para prevenir.
De lo contrario, como ya se ha convertido en rutina, dentro de un tiempo será designada la comisión oficial investigadora de la negligencia de dejar a decenas de miles de israelíes expuestos a su suerte, sin posibilidad de defenderse de los feroces ataques de los terroristas que dominan la Franja de Gaza.
Se hace visible, cada vez más, que las decisiones del Gobierno, salvo las que tienen que ver con aumentos de tarifas e impuestos, son solo declarativas. Hasta su concreción hace falta mucha presión, que para el ciudadano común, sólo puede provenir de la Justicia.
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